El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, parece decidido a no permitir que el nuevo legislativo, a posesionarse este 20 de julio, se encargue de la elección del Contralor General de la República.

Tras conocerse la decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena suspender y rehacer la lista final de 10 elegibles para el cargo, Gómez convocó a una reunión urgente el próximo lunes a fin de evaluar la providencia de los magistrados y proceder en lo que corresponda a derecho.

Sin embargo, en análisis que ya llevan realizados, tienen definido que la decisión puede ser impugnada a pesar de que el auto emitido por el Tribunal debe cumplirse de forma obligatoria, y rehacer la lista de los 10 candidatos.

Por eso en la reunión del lunes a la que asistirán los integrantes de la mesa directiva y los congresistas que conforman la comisión accidental de Senado y Cámara que revisó las hojas de vida de los candidatos a contralor, se decidirá si se pide o no una revisión de la determinación judicial del Tribunal.

Los miembros de la comisión accidental son de la opinión de que todo el proceso de preselección de los 10 finalistas fue ajustado a la ley, y que el cumplimiento del asunto de la cuota de género se dio en las primeras fases de todo el proceso, en donde todos los interesados, tanto hombres como mujeres compitieron de igual a igual.

Igualmente desde el Congreso de la República aclaran que la elección del Contralor General es una convocatoria pública y no un concurso de méritos, y que la escogencia del próximo jefe de este órgano de control es un acto político de los legisladores, razón por la cual no se puede aplicar bajo los criterios de género que aduce el demandante.

Sin embargo, el propósito que se tendría sería el de recomponer la lista de elegibles a la Contraloría como lo ordena el Tribunal y dejar finiquitado el tema antes del 20 de julio, cuando se posesionan los nuevos integrantes del Congreso de la República y llega una nueva mesa directiva.